Luego de que la Legislatura aprobó la creación del polo de servicios mineros y petroleros, el Gobierno instruyó a Fiscalía de Estado para pedir a la Justicia la posesión definitiva de las 3.500 hectáreas del predio. Hoy Mendoza obtuvo la titularidad y podrá comenzar el procedimiento de licitación para realizar las obras.

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