La medida gremial será de 24 horas en rechazo a la eliminación del FONID y a los recortes en infraestructura y comedores escolares. Por su parte, los gremios docentes de la CGT suspendieron la medida que habían anunciado.
El lunes 26 de febrero las clases empezarán con un paro docente de 24 horas en todo el país, según lo definió hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en un congreso extraordinario. La huelga llega luego de que los otros cuatro gremios nacionales (UDA, CEA, AMET y SADOP), nucleados en la GCT, suspendieran la medida que habían anunciado, tras la convocatoria del Gobierno nacional a discutir el salario mínimo docente el próximo martes 27.
Además del paro, habrá movilizaciones en las provincias. La medida de fuerza se decidió en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.
Después de varias idas y vueltas, el Gobierno nacional había convocado a los cinco gremios docentes a una reunión para discutir la actualización del salario mínimo el martes 27 de febrero a las 18 hs, al día siguiente de que empiecen las clases en varias jurisdicciones del país. Sin embargo, CTERA decidió anunciar la medida de fuerza en rechazo a los recortes de los aportes nacionales al salario de los docentes de todo el país y de las partidas presupuestarias para infraestructura y comedores.
Luego de que el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni negaran la existencia de la paritaria nacional docente, finalmente la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano convocó a los gremios. El próximo martes participarán de la reunión para discutir el salario mínimo docente el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA).
También fueron convocados los ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires como parte del Consejo Federal de Educación, y las agrupaciones representativas de las entidades educativas de gestión privada, según anticiparon fuentes oficiales. La reunión para discutir el salario mínimo docente está prevista en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).
Según el calendario escolar 2024, el próximo lunes 26 de febrero deberían empezar las clases en las escuelas de 8 jurisdicciones: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. El martes 27 de febrero se sumarán los alumnos de La Rioja; el jueves 29 empieza Santa Cruz; y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.
Otras tres provincias –Salta, Jujuy y Catamarca – decidieron en estos días postergar el comienzo de clases al 4 de marzo por el escenario de incertidumbre generado por las medidas del Gobierno nacional.
Los gremios docentes venían reclamando por los fondos nacionales y por la convocatoria a la paritaria nacional. Fue justamente esta convocatoria la que motivó que UDA, AMET, SADOP y CEA suspendieran el paro que habían anticipado para el comienzo de clases.
“Es importantísimo haber logrado el reconocimiento al espacio paritario como ámbito de discusión del salario y condiciones laborales, en el marco legal vigente. Nos sentaremos a discutir y luego tomaremos decisiones. Esperamos que no sea una maniobra dilatoria y que realmente del encuentro surja una propuesta que mejore el financiamiento de la educación. El paro solo queda en suspenso”, dijo Sergio Romero, secretario general de UDA.
Esta semana, además, el vocero Adorni declaró que el Gobierno nacional evalúa declarar la educación como servicio esencial, lo que implicaría restringir los paros docentes. De concretarse, sería la tercera vez que el Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión: estaba prevista en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir –cuyas disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia– y también en la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso.
La iniciativa oficial es otro motivo de confrontación con los gremios, que la asocian con el escenario de conflictividad que abierto con la decisión de la Casa Rosada de suspender los aportes nacionales al salario docente y con el desplome del salario docente en varias provincias, tras las cifras récord de inflación en diciembre y enero.
