Por el lado del radicalismo, los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suarez cumplieron con la directiva de su bloque y dieron quórum en el recinto. En una postura completamente opuesta, la peronista Anabel Fernández Sagasti se acopló a la decisión del interbloque de Unión por la Patria de no sesionar. La jugada del PJ respondió a que rechazaban la interpretación reglamentaria que exigía una mayoría de dos tercios para habilitar la interpelación de Adorni, exigiendo en su lugar que se aplicara la mayoría simple.

Tras frustrarse la sesión por no alcanzar el mínimo de 37 senadores, las legisladoras por Mendoza expusieron públicamente sus diferencias. Anabel Fernández Sagasti utilizó sus redes sociales para apuntar contra la estrategia de la Casa Rosada. “El Gobierno dejó sin quórum el Senado para que el Jefe de Gabinete no rinda cuentas. Los argentinos hacen un esfuerzo enorme todos los días, trabajan y pagan sus impuestos en un contexto durísimo. No se merecen que los tomen por tontos. Lo mínimo que debemos ofrecerles es transparencia. Este no es el camino”, dijo.

Por su parte, la radical Mariana Juri dialogó con El Sol y manifestó su disconformidad con el freno que vive la actividad legislativa, enviando un mensaje directo al Ejecutivo nacional: “El Gobierno tiene que resolver urgente la situación de Adorni porque está paralizando la agenda de los argentinos”.

La decisión de no habilitar el debate se gestó en el propio recinto bajo la instrucción de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La legisladora ordenó a los miembros de LLA y a sus aliados de la UCR y de bloques provinciales mantenerse parados sin sentarse para no facilitar el número. “Los que venían con un proyecto de interpelación eran del kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número pero no se sentaron. ¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas?“, lanzó Bullrich ante la prensa en el Congreso.

A pesar de tener asegurados los votos para frenar la interpelación gracias al respaldo de radicales y misioneros, el oficialismo prefirió evitar un debate de varias horas impulsado por el peronismo, el PRO y Convicción Federal.

Esta parálisis mereció duras críticas del PRO, que objetó por igual a los dos extremos: “Ni Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen”. En sintonía, desde la UCR cuestionaron que el presidente provisional, Bartolomé Abdala, levantara la reunión plenaria: “Cumplimos con nuestra responsabilidad en el recinto, pero lamentablemente la sesión se cayó por falta de quórum. La agenda legislativa del Senado no puede seguir paralizada por disputas ajenas a la urgencia del país”.

Asimismo, el interbloque conducido por José Mayans bloqueó la sesión para impedir el avance del proyecto de Propiedad Privada (denominado por la oposición como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”), que elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras en el país.

Mayans aseguró que al menos 44 senadores rechazaron el criterio de los dos tercios para salvar a Adorni, calificándolo como “una interpretación tan retorcida de la Constitución”. El jefe de la bancada opositora sentenció que su espacio “no dio quórum en la sesión porque no puede caer en la trampa de admitir los dos tercios para tratar la moción de censura de Adorni, ni para habilitar la entrega de la soberanía nacional con la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, así como aprobar pliegos de jueces que cumplen con los mandatos de la Casa Rosada”. Finalmente, celebró que, debido al escándalo, se haya postergado el tratamiento de la ley de de propiedad.

Como contrapartida para destrabar el conflicto, el oficialismo accedió al pedido de los sectores dialoguistas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales. La misma se reunirá el próximo miércoles a las 15 con el objetivo de tratar los diferentes pedidos de interpelación y moción de censura contra el funcionario.