En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el propietario que alquiló su vivienda al jefe de Gabinete aportó detalles sobre contratos y prórrogas verbales.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un testimonio clave que complica su situación procesal. José Luis Rodríguez, propietario de una finca en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete desembolsó un total de 21.000 dólares por 18 meses de alquiler. Según el relato del testigo, la totalidad de los pagos se realizaron bajo una modalidad que despertó alertas en los investigadores: todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.
El goteo de dólares que la Justicia intenta reconstruir abarca distintos periodos y acuerdos. Rodríguez detalló que el vínculo comenzó en octubre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al poder, con un contrato temporal de 5.600 dólares. A este se sumó un segundo contrato por 13.000 dólares que cubrió desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025.
Sin embargo, ante las demoras en las refacciones de la casa que el funcionario compró en el mismo barrio, el acuerdo de alquiler se extendió de palabra por otros tres meses, por los cuales el funcionario pagó otros 2.400 dólares adicionales.
Este testimonio ratifica y amplía la información brindada previamente por el contratista Matías Tabar, quien ya había declarado sobre las costosas remodelaciones en la propiedad definitiva de Adorni.
Los nuevos datos aportados por Rodríguez revelan que el jefe de Gabinete mantuvo un nivel de gasto en dólares físicos difícil de rastrear, ya que incluso la prórroga de la locación fue sin contrato escrito. La Justicia busca determinar si estos movimientos de divisas se condicen con la capacidad patrimonial declarada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
La causa, liderada por el fiscal Pollicita, pone el foco en la correlación entre los ingresos de Adorni como funcionario público y los elevados costos de vida en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz. Con la incorporación de copias de contratos y conversaciones de WhatsApp aportadas por el locador, el juzgado federal busca cerrar el círculo sobre el origen del dinero.
Mientras tanto, el entorno del ministro coordinador enfrenta una presión creciente por lo que los investigadores describen como un mapa de gastos en efectivo que supera los montos habitualmente manejados en el mercado legal.
Fuente: Infobae y La Nación.
Sin embargo, ante las demoras en las refacciones de la casa que el funcionario compró en el mismo barrio, el acuerdo de alquiler se extendió de palabra por otros tres meses, por los cuales el funcionario pagó otros 2.400 dólares adicionales.
Este testimonio ratifica y amplía la información brindada previamente por el contratista Matías Tabar, quien ya había declarado sobre las costosas remodelaciones en la propiedad definitiva de Adorni.
Los nuevos datos aportados por Rodríguez revelan que el jefe de Gabinete mantuvo un nivel de gasto en dólares físicos difícil de rastrear, ya que incluso la prórroga de la locación fue sin contrato escrito. La Justicia busca determinar si estos movimientos de divisas se condicen con la capacidad patrimonial declarada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
La causa, liderada por el fiscal Pollicita, pone el foco en la correlación entre los ingresos de Adorni como funcionario público y los elevados costos de vida en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz. Con la incorporación de copias de contratos y conversaciones de WhatsApp aportadas por el locador, el juzgado federal busca cerrar el círculo sobre el origen del dinero.
Mientras tanto, el entorno del ministro coordinador enfrenta una presión creciente por lo que los investigadores describen como un mapa de gastos en efectivo que supera los montos habitualmente manejados en el mercado legal.
Fuente: Infobae y La Nación.
