El máximo tribunal selló la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua de la expresidenta.
En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El fallo ratificó los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al rechazar los recursos de queja presentados por la defensa de la exmandataria, quien fue hallada culpable de defraudar al Estado en la contratación de obras públicas en Santa Cruz.
La sentencia también estipula el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
El pronunciamiento del máximo tribunal —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— selló la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022. La Corte no incluyó la figura de asociación ilícita, por lo que la pena quedó en seis años.
Los argumentos de la sentencia fueron explicados a lo largo de 27 páginas.
El tribunal sostuvo que: “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que: “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley“.
Según el fallo, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida“, y se remarcó que Cristina Kirchner “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares“.
La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.
La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Aunque el máximo tribunal no revisa pruebas ni reescribe sentencias, sí actúa como garante del debido proceso legal y las garantías constitucionales. Su intervención final no se centró en el fondo de la causa, sino en evaluar si el recorrido judicial respetó los principios del derecho a la defensa.
Tensión política y movilización inmediata
La noticia generó un cimbronazo político. Cristina Kirchner siguió el fallo desde la sede nacional del PJ, en la calle Matheu de la Ciudad de Buenos Aires, rodeada de dirigentes de su confianza. Antes de conocerse la resolución, militantes y referentes del peronismo comenzaron a concentrarse en defensa de la exmandataria.
Intendentes, gobernadores y gremios kirchneristas repudiaron el fallo. “La respuesta que hemos tenido es la Justicia Argentina mirando para otro lado en un montón de cosas y actuando de forma acelerada para poder sacarla de la cancha porque tienen miedo que gane en la provincia de Buenos Aires y que sea la próxima presidenta”, declaró el senador José Mayans.
Por su lado, la senadora Juliana Di Tullio consideró que: “están proscribiendo a la mujer más importante que tiene este país”. En paralelo, la CGT y la CTA convocaron a una jornada nacional de protesta para el jueves.
Qué viene ahora
Cristina Kirchner no podrá volver a ocupar cargos públicos y, en lo inmediato, deberá someterse al cumplimiento de la pena impuesta. La ley establece que, al tener más de 70 años, le corresponde el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque esa decisión debe ser efectivizada por el tribunal de ejecución.
Si el tribunal de ejecución lo concede, la exmandataria de 72 años cumpliría su condena en su departamento del barrio porteño de San Cristóbal.
La confirmación del fallo también sepulta automáticamente sus aspiraciones electorales: la exmandataria tenía previsto postularse como legisladora provincial por la tercera sección electoral bonaerense en los próximos comicios.
El cierre de una causa clave
La causa Vialidad investigó el direccionamiento sistemático de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
La investigación comenzó en 2016 y derivó en un juicio oral que concluyó en diciembre de 2022, con una condena para la expresidenta por fraude al Estado, aunque el tribunal descartó el delito de asociación ilícita, que habría elevado la pena a 12 años.
La Cámara de Casación Penal ratificó esa sentencia en 2023. En febrero de 2024, la defensa presentó una batería de recursos extraordinarios ante la Corte, que este martes fueron rechazados en su totalidad.
El fallo marca un antes y un después en la historia democrática argentina: es la primera vez que una expresidenta es condenada con sentencia firme a prisión en el marco de un proceso judicial por corrupción.
