El Gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, brindaron detalles sobre el inicio del proceso de sesión de acciones y capitalización de IMPSA.
El proceso tiene como objetivo lograr el saneamiento de la empresa, cuya deuda asciende actualmente a U$S 500 millones, garantizar la continuidad de sus operaciones, que generan más de 700 empleos y alimentan a una extensa red de proveedores pymes y, finalmente, concretar su capitalización. De esta manera, se espera generar nuevos negocios que permitan que IMPSA vuelva a ocupar un lugar destacado en el sector energético mundial.
En la conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Patricias de la Casa de Gobierno, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini.
Además, se hicieron presentes el CEO y presidente de IMPSA, Horacio Chighizzola y los directores de IMPSA: Mario Crocce y Julio Totero; Fabián Solís (Asinmet), Dalmiro Barbeito (CECIM), Martín Clement (CEM), Matías Díaz Telli (UIM) y Sergio Martini (FEM).
El Gobernador destacó que se trata de “un trabajo conjunto del Gobierno nacional y el Gobierno provincial para la capitalización de IMPSA”, al tiempo que mencionó que “esta oportunidad también nos permite explicar cuál es el objetivo y por qué para Mendoza IMPSA es importante y por qué nos comprometemos. No solo por tener algunas acciones como Estado, que no es lo que más nos pone cómodos, sino porque IMPSA es un emblema de Mendoza”.
El mandatario señaló: “Estamos trabajando en forma muy profesional para que esta empresa vuelva a ser lo que es, una empresa privada y exitosa, como fue en su tiempo, pero que ha entrado en un declive” por las condiciones del país.
Cornejo destacó que IMPSA es “una empresa que produce muchísimas externalidades sobre el resto de la actividad, no solo de la metalmecánica sino de otras actividades económicas de Mendoza. Es un proveedor de servicios de distintas industrias y puede seguir siéndolo”. Y sumó que “este primer paso de capitalización, de estudio definitivo para poder pasar a la venta propiamente dicha, a la capitalización consiguiente, es relevante para nuestra provincia”.
“Nosotros creemos que esta empresa, no solo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal”, sostuvo Cornejo, y remarcó que en ese objetivo “estamos muy unidos a ese concepto del Presidente, al del Gobierno nacional, y creo que es la cultura cívica de Mendoza. Paradójicamente, esta empresa está fuera de la Ley Bases, y nosotros no tenemos ninguna restricción legal para trabajar en esta dirección de capitalización”.
En este sentido, el mandatario declaró que “tampoco creemos que haya que eliminar las empresas estatales por sí, hay que ver en cada caso y hay que ser práctico y concreto”. Y mencionó el caso de la lucha antigranizo, donde detalló que “la cultura cívica de Mendoza es bastante pragmática en el manejo de estas cosas, que no son ideológicas, que son de sentido común práctico”.
Cornejo sostuvo además: “Nosotros queremos a la empresa trabajando, la queremos volviendo a ser la IMPSA que enorgullecía a Mendoza del siglo pasado y principios del presente”.
Sobre el dinero que aportó el Gobierno de Mendoza, Cornejo señaló que el objetivo principal es poner en movimiento a la empresa para que no cierre. “El objetivo hoy día no es recaudar ni recuperar lo que se puso sino en que la empresa funcione”, aseveró.
Por su parte, Juan Alberto Pazo confía en la recuperación de IMPSA. “Habiendo salido Ley Bases y habiendo salido el RIGI, muchas inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero pueden hacer que esta compañía se ponga en valor. Y estamos convencidos de que una empresa del nivel técnico y tecnológico de IMPSA volverá a recuperarse cuando esté en manos privadas y en las manos indicadas. Hay grupos interesados por el potencial de los negocios, y desde nuestro lado, lo más importante es, de alguna manera, garantizar la continuidad de la compañía”.
“El foco es mantener las fuentes de trabajo, por eso es un proceso de capitalización. Cuando firmemos los contratos definitivos van a contar con algunas provisiones que garanticen las fuentes de trabajo. Este es el foco principal en que creo que estuvimos de acuerdo ambas partes, tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial”.
Consultado por la prensa, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, habló sobre la importancia de IMPSA en la actividad productiva de Mendoza. “Voy a ratificar lo que dijo el Gobernador. Para la Provincia lo más importante es que esa empresa vuelva a funcionar como funcionó en su momento, generando empleo de calidad, generando productos y servicios de calidad, generando un derrame en la actividad productiva en toda el área de influencia, en particular en el área metalmecánica. Por supuesto, también el Gobernador dijo que las acciones son parte del patrimonio estatal y como tal lo tenemos que defender, preservar y cuidar”.
Fayad también resaltó el interés de capitales extranjeros en la empresa de metalmecánica. “El objetivo principal de esto, y creo que es una gran noticia, es que haya interés por parte de capitales internacionales que van a volver a darle a la empresa la característica que tenía hace unos años”.
El papel de los gobiernos provincial y nacional
Desde antes de la adquisición del 63,7% de sus acciones, el Estado afrontó consecuentemente el déficit de la compañía a través de aportes no reembolsables, capitalización de la empresa y pago de salarios durante la pandemia. Ante este panorama, el Gobierno nacional y el de la Provincia de Mendoza, que posee el 21% de las acciones, decidieron iniciar el proceso de capitalización privada para evitar la quiebra de una compañía que provee de insumos y tecnología a sectores estratégicos como el nuclear o el hidroeléctrico.
El proceso se inició formalmente con una primera propuesta de capitalización presentada por un fondo de inversión estadounidense. A partir de esta oferta, y por un plazo de 30 días, se iniciará un proceso de debida diligencia, que estará abierto a la intención de otros posibles interesados. Transcurridos esos 30 días, el grupo inversor interesado deberá presentar la oferta formal de capitalización.