La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, viene consolidando un modelo de intervención basado en los principios de la justicia restaurativa para abordar conflictos protagonizados por adolescentes que afectan la convivencia escolar.

Durante los últimos meses, equipos interdisciplinarios del organismo intervinieron en distintos establecimientos educativos de la provincia luego de que amenazas difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería dieron lugar a investigaciones penales.

Lejos de limitar la respuesta al proceso judicial, la intervención incorporó un abordaje restaurativo orientado a comprender el conflicto, asumir responsabilidades y reparar el daño ocasionado. Para ello, se promovió un trabajo articulado entre la Justicia, la escuela, las familias y los propios adolescentes involucrados.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, destacó: “Cuando un conflicto involucra a adolescentes, la respuesta del Estado no puede agotarse en la sanción. También debe generar oportunidades para reflexionar sobre lo ocurrido, reparar el daño y reconstruir la convivencia. Ese es el sentido de la justicia restaurativa: transformar un conflicto en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento”.

Como parte de ese proceso, se desarrollaron círculos restaurativos dentro de las escuelas, con la participación de estudiantes, familias, directivos, docentes y equipos técnicos. Estos espacios permitieron dialogar sobre lo ocurrido, reconocer el impacto de las amenazas y construir acuerdos orientados a restablecer la convivencia.

Además, los adolescentes elaboraron cartas de reflexión e impulsaron acciones de concientización sobre el uso responsable de las redes sociales dirigidas a sus propios compañeros. En la mayoría de los casos, pudieron retomar sus actividades escolares en un contexto de mayor acompañamiento institucional, evitando que el conflicto derivara en situaciones de mayor exclusión o estigmatización.

Como complemento de estas intervenciones, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil desarrolla acciones preventivas destinadas a toda la comunidad educativa. Entre ellas se encuentra el taller “Lo digital también es real”, dirigido a estudiantes, que propone reflexionar sobre ciudadanía digital, huella digital, ciberdelitos y las consecuencias de las conductas en entornos virtuales. A su vez, la propuesta “Acompañar hoy” brinda herramientas a docentes y familias para acompañar a los adolescentes en el uso responsable de las tecnologías y detectar tempranamente situaciones de riesgo.

“La prevención también se construye enseñando a convivir. Por eso trabajamos junto a las escuelas, las familias y la Justicia para que los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones, reparen el daño cuando corresponde y puedan seguir adelante con sus proyectos de vida. Proteger las trayectorias educativas también es una forma de garantizar derechos”, agregó García Zalazar.

La articulación entre la DRPJ, la DGE, el Poder Judicial y las familias constituye uno de los pilares de esta estrategia, que busca ofrecer respuestas integrales frente a conflictos complejos, fortalecer la convivencia escolar y promover intervenciones que prioricen la responsabilidad, la reparación y el acompañamiento de los adolescentes.

Con este modelo de trabajo, Mendoza continúa consolidando una respuesta socioeducativa que complementa la intervención judicial con herramientas de diálogo, reflexión y reparación. Se trata de una política pública que entiende que la convivencia también se aprende y que, frente a los conflictos, el Estado debe generar oportunidades para asumir responsabilidades, reparar el daño y evitar que un error defina el futuro de un adolescente.