El Gobernador Alfredo Cornejo participó en la reunión del Consejo de Mayo, donde expuso un documento que reunió conclusiones y propuestas orientadas a consolidar un camino de estabilidad fiscal y crecimiento sostenido en la Argentina. En el informe señaló que el país acumuló 63 años de déficits fiscales persistentes, con solo 16 años de superávit primario y 9 de superávit financiero, una dinámica que explicó buena parte de las crisis recurrentes de inflación, endeudamiento y deterioro del bienestar.

En ese marco, se detalló que Mendoza, fortaleciendo los servicios esenciales (educación, salud, seguridad y justicia) y sosteniendo la obra pública, ya había logrado reducir entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto que hoy se proponen como meta nacional y para las provincias. El documento remarcó que este esfuerzo previo debía ser considerado, dado que Mendoza alcanzó ese nivel de ajuste y que, si el resto de las jurisdicciones hubiera seguido un camino similar, el país estaría más cerca del objetivo del Consejo de Mayo de llevar el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios al 25% del Producto Bruto.

El análisis que expuso el Gobernador Cornejo hizo hincapié que el déficit fiscal se consolidó como un rasgo estructural asociado a un gasto público creciente y rígido, a incentivos políticos que tendieron a postergar costos y anticipar beneficios, a la ausencia de reglas fiscales duraderas y al uso histórico de la emisión y el endeudamiento como válvulas de escape. Ese diagnóstico se complementó con la evolución del gasto corriente en Mendoza desde 2015, año en que la provincia recibió un gasto equivalente al 15,3% del Producto Bruto Geográfico que en 2024 descendió a 10,9%, lo que representó una reducción de 4,4 puntos porcentuales. El rubro personal fue el principal factor explicativo, con una caída cercana a 20% en su participación dentro del gasto total.

El gasto corriente ampliado mostró un comportamiento similar, al bajar de 17,4% a 13,3% del PBG en una década. No se incluyeron en esta medición el servicio de la deuda ni las transferencias por coparticipación a municipios. Las erogaciones de capital se mantuvieron estables en torno al 1,5% del PBG, con picos de 2,3% en 2018 y 2019, y un promedio de 1,7% si se excluyen los efectos de la pandemia.

El documento señaló que esta proporción podría aumentar en los próximos años por el impulso del Fondo de Resarcimiento. Todo el análisis se realizó en valores constantes para asegurar comparaciones homogéneas con las series de PBG real elaboradas por la DEIE.

El informe del Gobernador Cornejo destacó que, por primera vez en décadas, pareció emerger un consenso social sobre la necesidad del equilibrio fiscal, lo que el Consejo interpretó como un nuevo contrato ciudadano que habilita reformas incluso en contextos electorales. Cornejo señaló que este escenario representa “una oportunidad inédita para ordenar el Estado y sostener en el tiempo una disciplina fiscal permanente”.

Acto seguido, el documento incorporó experiencias internacionales de Holanda, Suiza, Alemania, Reino Unido y Chile, donde la existencia de reglas claras y exigibles permitió estabilizar las cuentas públicas, reducir la volatilidad macroeconómica y fortalecer la credibilidad ante los inversores. En ese marco, retomó la reflexión de Buchanan y Wagner respecto de que los déficits persistentes erosionaron libertad y prosperidad, un concepto que el Consejo reutilizó para fundamentar la necesidad de un sistema fiscal basado en normas permanentes.

El análisis incluyó el caso argentino reciente. Mostró que la Nación realizó entre 2023 y 2024 la reducción más significativa del gasto, con una caída del 33%, frente al 19% provincial y el 16% municipal. Además, remarcó que este contraste expuso un esfuerzo claramente diferenciado, ya que las funciones esenciales del Estado argentino se encuentran mayoritariamente en las provincias, responsables de administrar educación, salud, seguridad y justicia.

Sobre este punto, el mandatario indicó que el Gobierno debió asumir una baja mucho más profunda del gasto operativo para mejorar eficiencia y recuperar la inversión pública, mientras que las provincias y los municipios aún cuentan con margen para acompañar este proceso.

Además, el análisis advirtió que cualquier comparación vertical entre niveles del Estado debía incorporar también un análisis horizontal que reconociera realidades distintas, asimetrías de eficiencia y disparidades derivadas del esquema de coparticipación. Bajo esta premisa, en el informe, Cornejo señaló que el esfuerzo acumulado de Mendoza durante la última década debía ser computado, ya que la provincia redujo cuatro puntos del PBG entre 2015 y 2024, una meta que el Consejo recién propone para el resto de las jurisdicciones hacia adelante.

El mandatario agregó que, si provincias y municipios replicaran en dos años el camino recorrido por Mendoza desde 2015, el país alcanzaría rápidamente la meta de llevar el gasto consolidado al 25% del Producto Bruto sin deteriorar los sistemas esenciales. En este contexto, remarcó que las jurisdicciones que no adhieran o no cumplan los compromisos quedarían excluidas de los Aportes del Tesoro Nacional.

En el documento indicó además que los últimos quince años debían considerarse como período de referencia para evaluar el esfuerzo fiscal real de cada provincia, ya que algunas avanzaron en procesos sostenidos de ordenamiento mientras otras no iniciaron ese camino. El objetivo fue evitar comparaciones basadas en mediciones recientes que no reflejen trayectorias fiscales completas.

Propuestas para una Ley de Compromiso Nacional

El Consejo de Mayo propuso avanzar en una ley que estableciera reglas destinadas a prevenir déficits futuros. La iniciativa planteó la obligatoriedad de presentar un presupuesto sin déficit financiero, con recortes automáticos a cargo del jefe de Gabinete ante cualquier desvío, y la inclusión de toda erogación dentro de la Ley de Presupuesto. También propuso que ningún organismo pudiera generar gasto sin asignación previa y que todo proyecto legislativo con impacto fiscal presentara un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo.

Entre las definiciones centrales se incluyó la prohibición del financiamiento monetario mediante adelantos transitorios del Banco Central y la incorporación de sanciones penales y administrativas para quienes autoricen gastos sin financiamiento o avalen emisión irregular, con penas de hasta diez años de prisión. Para las provincias, se sugirió un régimen similar al acuerdo de Maastricht, que limite el endeudamiento de jurisdicciones con déficit primario, riesgo de crédito elevado o spreads superiores a 500 puntos básicos respecto de bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El documento agregó observaciones técnicas sobre la necesidad de permitir futuros resultados financieros negativos cuando el resultado corriente sea positivo y la deuda se destine exclusivamente a inversión pública de larga vida útil. También señaló que algunos criterios contables pueden mostrar déficit financiero incluso con equilibrio corriente, y que la declaración de nulidad absoluta de una norma por violación de la ley podría ser discutible si se tratara de una ley posterior.

Una reforma tributaria integral

La propuesta que presentó Cornejo incluyó también lineamientos tributarios que apuntaron a un sistema más simple y menos distorsivo, con impulso a la formalización laboral mediante reducción de contribuciones, beneficios para inversiones, incentivos a la creación de empleo registrado y esquemas de amortización acelerada.

Para cerrar, se remarcó la necesidad de coordinar los cambios con el federalismo fiscal para evitar que la baja de impuestos nacionales sea compensada con incrementos provinciales o municipales. En el documento se señaló que hubiera sido deseable incorporar propuestas de Mendoza vinculadas a una reforma gradual del esquema de coparticipación orientada a fortalecer autonomía provincial y mejorar eficiencia en el uso de recursos nacionales.