La política local suele ofrecer espectáculos de bajeza, pero la declaración de la vicegobernadora Hebe Casado, acusando a los hermanos Félix de ser capaces de "causar desmanes" durante la visita del presidente Javier Milei, establece un nuevo estándar de irresponsabilidad. La afirmación no es un análisis; es un intento deliberado y desesperado de sembrar el caos y la desestabilización en San Rafael.
Casado, que es oriunda del departamento, parece desconocer la madurez y la historia cívica de su propio pueblo. La acusación revela una pobreza argumental que solo se explica por la necesidad de justificar una presencia política que, en el Sur, es prácticamente nula.
Sin dudas una falta de respeto, no solo para los ciudadanos de San Rafael, sino que también para los de La Matanza, como si no fueran “argentinos” también.
La ironía es brutal: la persona que lanza la amenaza de desorden es aquella que está afuera de la consideración popular en San Rafael. Se estima que su rechazo local roza el 90%, una cifra que debería obligarla a la prudencia, no a la bravuconería. Sus declaraciones son la prueba de que, cuando se pierde el consenso popular, solo queda el recurso de la alarma social para buscar relevancia.
El historial de Casado no ayuda a su credibilidad. La sociedad sanrafaelina no olvida la subestimación que ejerció sobre la crisis sanitaria al hablar de la pandemia como una simple "gripecita", ni tampoco sus polémicas declaraciones que rozaron la discriminación a las personas con autismo. Un líder que ha fallado tan groseramente en la empatía y en el juicio no puede ahora pretender ser el faro moral que advierte sobre el peligro.
Casado intenta pintar a San Rafael como un "territorio hostil", un feudo propenso al desorden. Pero la verdad es otra. El departamento se ha forjado gracias a la dignidad de su gente y la solidez de sus instituciones.
Un hecho es contundente y refuta la fantasía de caos de Casado: durante las gestiones de Omar y Emir Félix, San Rafael recibió a todos los presidentes de turno sin que se registrara un solo inconveniente. Las autoridades locales siempre han priorizado el respeto institucional y la seguridad de los visitantes y sobre todo, de sus vecinos.
Las palabras de Casado no son solo un ataque político; son un insulto a la capacidad del sanrafaelino de recibir con respeto al presidente de la Nación. Las autoridades que realmente tienen la función de garantizar el orden y la seguridad deben actuar. Y la vicegobernadora debe, por fin, reconocer su lugar: no está para desestabilizar la convivencia social por unos pocos votos, sino para cumplir con su rol institucional o guardar silencio.
