En la misma estarían involucrados médicos, abogados, personal administrativo del Hospital Teodoro J. Schestakow, Policlínica privada y gestores de discapacidad. Foto ilustrativa.
El hecho ocurrió en la mañana de este jueves cuando se llevó a cabo un amplio despliegue del personal de la policía federal, allanando distintas instituciones, como así también estudios jurídicos y también casas particulares.
A raíz de una denuncia recibida en la Fiscalía Federal de San Rafael, encabezada por el Dr. Ignacio Sabas, Secretaría a cargo del Dr. Juan Zelaya, en la que se tomó conocimiento que una mujer se encargaba de realizar trámites de pensiones por discapacidad en el A.N.S.E.S., haciéndose pasar por gestora de este organismo, cobrándole a los interesados una importante suma de dinero que rondaba entre los $40.000 y $60.000.
Es así, que el Juez Federal de San Rafael, Dr. Eduardo PUIGDÉNGOLAS, le delegó la dirección de la investigación al Fiscal Federal, quien a su vez le encomendó la tarea de la investigación a la División UNIDAD OPERATIVA FEDERAL San Rafael, de POLICIA FEDERAL ARGENTINA.
La brigada de la Federal, realizó un trabajo muy arduo que duró casi tres meses, el que constó de seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas, a través de las cuales pudieron determinar que esta mujer de nombre Norma Bravo, no actuaba sola, si no que tenía armada una organización muy aceitada para realizar los trámites, siendo apuntada como la jefa de la asociación ilícita, ya que contaba con dos empleadas infieles del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos, dos de ellos traumatólogos (que también trabajan en la Policlínica) y uno psiquiatra, quienes sin siquiera evaluar a los pacientes, los firmaban, en donde no solo se inventaba patologías sino que también aumentaban los porcentajes de discapacidad de aquéllas personas que no llegaran al mínimo requerido para hacerse benéficas de una pensión, todo a cambio de un porcentaje de los cobros que la principal investigada realizaba.
Es importante mencionar, que las autoridades del Hospital Público Teodoro Schestakow y la Policlínica, desconocían en absoluto la actividad ilícita que estas personas realizaban, ya que se manejaban de manera independiente.
La modalidad de trabajo de Bravo era reunirse en las inmediaciones de las oficinas de A.N.S.E.S., en donde pactaba el punto de encuentro con sus clientes, lo que también le servía para captar nuevos clientes en el lugar y así iniciar los trámites de pensión. Esta mujer, era asesorada por dos abogados, quienes le señalaban como debía entrevistarse con las personas para evitar levantar sospechas del delito de defraudación que cometía.
También, “mamá Norma”, como muchos de sus clientes la conocían por mostrarse una mujer amable y carismática, contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados, para presentárselos a Norma para que les tramite una pensión, todo esto, a cambio de un porcentaje del dinero que Norma les cobraba.
El gran cúmulo de pruebas que obtuvo la POLICIA FEDERAL, fue suficiente para que la Fiscalía Federal pudiera presentárselo al Dr. PUIGDÉNGOLAS (Juez Federal), solicitando un total de once allanamientos y la detención e imputación de nueve integrantes de la Asociación Ilícita por resultar parte del delito por Defraudación a la Administración Pública y Asociación Ilícita.
