La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentó un informe sobre la composición del área piedemontana sectorizada según sus niveles de riesgo.
En la actualidad hay más de 10 mil viviendas que podrían sufrir las graves consecuencias de una crecida aluvional, aunque se desconoce cuántas de ellas podrán ser protegidas mediante obras hídricas y cuántas deberán ser desplazadas. Se espera que los primeros datos surjan en agosto.
Hay más de 10 mil familias ubicadas en zonas críticas del piedemonte área metropolitana mendocina. Así lo revelan los datos publicados por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial este martes, basados en un informe preparado por el Instituto Nacional del Agua (INA) en el cual se da cuenta de la amenazas aluvionales que pesan sobre esa zona.
La información se dio a conocer este martes luego de que el Gobierno provincial declaró, la semana pasada, la Emergencia ambiental en el área piedemontana. En total se estudió una superficie de 1.244 kilómetros cuadrados comprendidos en una franja que va desde Luján de Cuyo hasta Las Heras, pasando por Godoy Cruz y Ciudad.
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De los datos recolectados se determinó la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener el avance de los diversos desarrollos inmobiliarios sobre el suelo del piedemonte. Hoy se sabe que en la zona hay más de 25 mil viviendas asentadas, de las cuales 10 mil se encuentran en lugares de alto riesgo. Sin embargo, todavía se desconoce cuántas de estas últimas tendrán que ser reubicadas en terrenos seguros y cuántas podrán resguardarse mediante la construcción de nuevas obras hídricas.
Todo depende de si la vivienda en cuestión se encuentra en una de las zonas definidas como de vulnerabilidad alta, media o baja.
"La idea es que el número de casas que haya que reubicar sea el menor posible", indicó Víctor Burgos, el investigador del INA que encabezó el proyecto. En tal sentido destacó que sobre el piedemonte ya existen obras dispuestas para la contención del agua arrastrada por las cuencas como los diques Frías, Maure y Los Papagayos, pero que aún resta construir otras como el dique Chacras de Coria incluso mejorar las existentes.
"Con los años los depósitos de sedimentos redujeron la capacidad del dique Frías en un 13% y el dique Los Papagayos en un 21%", describió Burgos y agregó que: "el caso que más preocupa actualmente es el de dique Maure, cuya capacidad está reducida en un 58%".
LOS MAPAS GRAFICAN LA CAPACIDAD DE LOS DIQUES FRÍAS, MAURE Y LOS PAPAGAYOS SI LAS CONDICIONES FUERAN ÓPTIMAS.
Construir todas las obras necesarias para evitar futuros desastres ambientales con consecuencias drásticas sobre la población de la zona podría llevar años. Por el momento lo único que se sabe es que habrá que esperar hasta agosto, en el mejor de los casos, para que el equipo de investigadores determine cuáles son las casas en riego que deberán ser desalojadas.
Respecto a esto último, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, destacó que la intención del Gobierno no es desalojar toda el área sino regular el "desarrollo inmobiliario descontrolado" y establecer reglas para logar la seguridad de los vecinos.
"La idea es generar un sistema coordinado con los municipios para que no se permita la construcción de nuevas viviendas sin las aprobaciones pertinentes", dijo Mingorance y destacó, además, que el problema no es con todas las construcciones que se encuentran en la zona sino con aquellas que no cuentan con los permisos correspondientes. "Todos los proyectos que están hoy habilitados pueden seguir construyendo", aclaró.
Fuente: https://www.mdzol.com
