El equipo de la Dirección de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (DMAPL - UMAPL) de la Zona Sur, integrado por profesionales de San Rafael, General Alvear y Malargüe, emitió un documento institucional en el marco de la inminente implementación de la Ley Nacional Penal Juvenil 27.801 y mientras la norma provincial se debate en comisiones.
El pronunciamiento advierte sobre graves limitaciones de infraestructura, personal y recursos en el territorio, y exige adaptar las políticas públicas a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
De acuerdo con el diagnóstico presentado por el equipo técnico, las intervenciones se desarrollan en contextos de alta vulnerabilidad social donde principios fundamentales como la dignidad, igualdad y autonomía no se encuentran garantizados. En ese marco, señalan que las medidas penales impuestas a los adolescentes suelen entrar en tensión directa con sus posibilidades reales y subjetivas de cumplimiento.
El informe detalla un panorama crítico respecto a las condiciones institucionales en la región:
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Malargüe: Carece de unidad de atención (Upana) y de equipo territorial propio. Situado a 200 kilómetros de San Rafael, las demandas del fuero penal juvenil son cubiertas por una operadora radicada en General Alvear (a 300 kilómetros) y profesionales de la Zona Sur, lo que sujeta las intervenciones a las distancias y a la disponibilidad de movilidad, limitando la atención de urgencias y acompañamientos.
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General Alvear: El equipo actual no cuenta con profesionales y se compone únicamente de cuatro operadores, de los cuales una está destinada a cubrir Malargüe y otro se encuentra próximo a jubilarse.
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San Rafael, General Alvear y Malargüe: Se evidencia un déficit en la guardia permanente estipulada por el artículo 6 (punto C) del Régimen Penal Juvenil provincial. Actualmente, solo cuatro agentes cubren guardias de 8 horas mensuales en San Rafael, otros cuatro en General Alvear y ninguno en Malargüe.
Asimismo, la UMAPL Zona Sur remarcó la falta total de dispositivos residenciales, centros de día y espacios de salud mental para el tratamiento de adicciones en los tres departamentos. Esta carencia obliga a trasladar a los jóvenes a la zona central de la provincia (a distancias de entre 250 y 350 kilómetros), situándolos en desventaja respecto a los adolescentes del Gran Mendoza.
Ante la previsión de un incremento en la población asistida tras la entrada en vigencia de la Ley 27.801, los integrantes del organismo llamaron a frenar los procesos "despersonalizantes" e instaron al Estado, en su rol de principal garante, a fortalecer las políticas públicas con un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, sin recurrir a la tercerización ni a la precarización laboral de sus agentes.