
Con la premisa pos elecciones de medio término, se viene una agenda laboral basada en la idea de un mercado libre de regulaciones estatales.
Según el INDEC la informalidad de nuestro país ronda el 43.2%, con mas de 4 muertos diarios a nivel nacional, con la industria del juicio a todo motor, sin ánimo de mejorar, todo lo contrario, con datos que alarman solo a quien lo padecen, con el agravante de están jodiendo al futuro, con “un millón de jóvenes trabaja en empleos informales, representando el 40% de la fuerza laboral juvenil”.
“Gran parte de la sociedad, es razonable, no es estúpida, puede ser de más o menor nivel académico, pero cuando escuchas a los próximos votantes, los jóvenes entre 20 a 40 años, hoy plantean que nadie los escucha y que no se sienten representados, hoy es necesario escuchar a todas las partes, en un país que necesita más que un cambio de cargos”.
La población joven está más expuesta que los adultos a la inestabilidad, la alta rotación, al desempleo, a la informalidad y a remuneraciones precarias, la informalidad atenta aún más contra el desarrollo, Según la OIT (Organización internacional del trabajo), confirma que: “la promoción del empleo y la creación de puestos de trabajo decentes son fundamentales para que los países puedan hacer frente a las múltiples transiciones que las sociedades, las economías y los mercados laborales están experimentando en todo el mundo” y entre las causas menciona a la tecnología, pero también al cambio climático y a los cambios demográficos.
Con estos precedentes, lo que viene ya cerrando el año es el debate en el congreso
- Eliminación de la indemnización por despido
- Descentralización de la negociación colectiva
- Flexibilización contractual
- Reducción de cargas sociales
- Debilitamiento de la representación sindical
Esto no es nuevo y la receta ya está escrita, países modelos como Brasil, Chile y México han experimentado ciclos similares de reforma laboral, en un contexto histórico caracterizado por avances y retrocesos en la protección de los derechos laborales.
La reducción de derechos no solo afecta las condiciones de trabajo, sino que también tienen un impacto directo en la calidad de vida, la cohesión social y las posibilidades de movilidad social. Las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas que ingresan al mercado laboral en este nuevo contexto, enfrentan un panorama donde la estabilidad y la seguridad son cada vez más inalcanzables, en un ámbito laboral decente.
La incidencia de los costos de contratación y los juicios laborales en el aumento de la informalidad, “la ausencia de aportes y contribuciones al sistema previsional, lo que tiene múltiples consecuencias: por un lado, los trabajadores informales perciben salarios más bajos y carecen de acceso a vacaciones, cobertura de salud, indemnización por despido, seguridad social o condiciones mínima de seguridad e higiene, entre otros derechos. Por otro lado, se erosiona la base de ingresos del sistema previsional”.
Datos elimina cualquier relato dicen, gane quien ganes en los municipios, congreso o provincias, “Para equiparar los aportes y contribuciones previsionales de un solo trabajador en relación de dependencia se requieren 27 monotributistas”, a sabiendo que cada empelado estatal es un contrato de locación de servicio.
Los datos oficiales muestran que el 36,1% del total de trabajadores asalariados (es decir, quienes trabajan para un empleador) es informal, mientras que en el caso de los cuentapropistas (personas que realizan trabajos por su cuenta, sin depender de un jefe) el número asciende al 62,4%.
Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años se encuentra trabajando fuera de la formalidad, número que se reduce al 36,5% en las personas de entre 30 y 64 años.
De los 2 millones de puestos de trabajo formales creados en ese período, el 42,9% fueron empleos estatales; el 42,5%, monotributistas; y el 9,4%, privado.
“Una reforma laboral no llevará a un salto en la cantidad de empleo de la economía, pero puede contribuir a mejorar su calidad y a la formalización de muchas relaciones laborales”.
La eliminación de las multas laborales por despido no fue un incentivo a la litigiosidad al finalizar una relación laboral, todo lo contrario, persisten zonas grises en torno al cálculo de los créditos laborales, con empresas aún expuestas a la discrecionalidad judicial y a la posibilidad de afrontar pagos hasta un 80% superiores a los que resultarían de un ajuste por inflación, “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.
Estas estadísticas muestran la magnitud del problema de la precariedad laboral y previsional, en Argentina y la necesidad de implementar medidas efectivas para reducir el trabajo informal y mejorar la protección y seguridad de los trabajadores.
Aunque los trabajadores informales no tienen un contrato formal, todavía tienen derechos laborales básicos que deben ser respetados.
Estos derechos incluyen:
- Pago de salario justo y oportuno: los trabajadores informales tienen derecho a recibir un salario justo y oportuno por su trabajo.
- Seguridad en el trabajo: los trabajadores informales tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, sin riesgos para su integridad física y mental.
- Descanso: los trabajadores informales tienen derecho a un descanso adecuado y a un horario razonable de trabajo.
- Protección contra el acoso y la discriminación: los trabajadores informales tienen derecho a un ambiente de trabajo libre de acoso y discriminación.
- Derecho a la privacidad: los trabajadores informales tienen derecho a la privacidad en el lugar de trabajo.
Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)